Las okupaciones ilegales se disparan un 45% desde que Sánchez entró en La Moncloa

Las okupaciones ilegales en España se han incrementado un 45% desde que Pedro Sánchez y sus socios de Podemos entraron en La Moncloa. Según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso OKDIARIO, las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España en 2016 fueron 10.000. Sin embargo, en 2019, último año del que se tienen datos, estas denuncias se incrementaron hasta las 14.500, lo que supone un incremento superior al 45%. Unos datos que se presuponen muy superiores a día de hoy debido a la tendencia alcista de las propias gráficas del ministerio.

Así, mientras desde el Gobierno minimizaban las cifras -Podemos se burló en el Congreso de los Diputados de la «leyenda urbana» del fenómeno de la okupación-, la realidad deja en evidencia esa estrategia de hacer pasar estos asaltos a la propiedad privada por una rareza que sólo les ocurre a los ricos. Ejemplo de esto último fue lo que dijo el diputado del ERC, Gabriel Rufián, en su comparecencia en la Cámara Baja: «Ustedes no vienen aquí a defender la propiedad de los trabajadores sino los privilegios de los poderosos».

Los datos

Pese a los discursos, muchas veces demagógicos, se impone una cruda realidad avalada por datos oficiales del Ministerio del Interior, y es que las okupaciones suben, y mucho, desde que Pedro Sánchez y sus socios están al frente del Gobierno.

Por territorios, la comunidad autónoma donde se ha producido un mayor crecimiento exponencial en estos cuatro años es Cataluña. En el territorio gobernado por los independentistas se ha pasado de 4.000 denuncias al año a casi 7.000. Es más, esta comunidad aglutina casi el 50% de las okupaciones de toda España. De cada 10 viviendas que son okupadas en nuestro país, 4,5 lo son en Cataluña.

Las otras tres comunidades autónomas que destacan por la subida en el número de denuncias son Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En el caso de Andalucía se ha pasado de 2.000 denuncias anuales a 2.500: un 25% más. En la comunidad gobernada por el socialista Emiliano García-Page la subida es brutal. Según los datos del Ministerio de Interior, se ha pasado de 250 a 500, lo que implica que en cuatro años se ha doblado el número de denuncias por okupaciones en viviendas.

En la Comunidad Valenciana, gobernada por un tripartito que incluye al PSOE, Podemos y Compromís, se ha pasado de 800 denuncias en 2015 a casi 1.100 en 2019, lo que implica un incremento del 27%. Pero ese porcentaje se acrecienta si se tiene en cuenta que en 2016 el número de denuncias descendió hasta las 650. Por tanto, el incremento se situaría en un 41%.

Iniciativa del PP

Por su parte, y ante el desolador panorama, el senador del Partido Popular, Fernando de Rosa, ha argumentado en la Cámara Alta que «hay que garantizar el derecho a la propiedad privada y dar seguridad jurídica a los ciudadanos». De Rosa se ha expresado en estos términos durante su comparecencia en el debate de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que se pide defender la propiedad privada y conseguir acelerar los trámites cuando exista allanamiento de morada. “El Gobierno socialista y comunista se dedica a amparar a los okupas que incurren en un delito”, ha acusado el portavoz de Justicia del PP.

Para el senador por Valencia y portavoz de Justicia, el Decreto aprobado en diciembre pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez exige la intimidación o violencia para desalojar a los okupas, «¿Son conscientes de que se está impidiendo la expulsión de los okupas que han cometido un delito?», se pregunta el senador antes de exponer numerosos ejemplos en la Comunidad Valenciana, «donde la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo tiene un total de 1.349 viviendas ocupadas, lo que representa un 9,6 por ciento de las viviendas públicas de la Generalitat Valenciana».